La crisis causada por el COVID-19 en América Latina y el mundo ha obligado a los gobiernos a expandir el gasto fiscal para atender la emergencia sanitaria y económica. Sin embargo, el margen de maniobra de los gobiernos para respaldar esta expansión fiscal es limitado. En este sentido, se debe optar por medidas que propendan por un gasto público más eficiente a través de un mayor control de la corrupción. En la mayoría de los casos tanto la eficiencia del gasto público como la reducción de posibles riesgos de corrupción se presentan como procesos complementarios e interdependientes. La digitalización del Estado es una alternativa viable para incrementar la transparencia y reducir el fraude y la corrupción.