La economía boliviana está en un proceso de desaceleración desde hace ocho años, que se intensificó con la pandemia de COVID-19; sin embargo, durante esos años, se observó una mejora en los indicadores sociales como la pobreza y desigualdad. Históricamente, el nivel de informalidad en el país es alto, uno de los más elevados en América Latina, lo cual ha afectado las condiciones de los trabajadores en el mercado laboral, el nivel de productividad de las unidades, entre otros aspectos. De manera general, se sabe que las pequeñas y medianas empresas son esenciales para el desarrollo del país. El presente trabajo encontró que el segmento pyme representa 12 % del tejido empresarial del país y aporta en gran medida al PBI nacional. Si bien la información sobre las pymes es escasa en Bolivia, se lograron identificar algunos retos a los que se enfrentan diariamente, como, por ejemplo: muchas de estas empresas no realizan el proceso de formalización debido a los elevados costos y el engorroso trámite que tienen que realizar; el acceso al financiamiento es limitado porque no cuentan con el respaldo suficiente y tampoco tienen los conocimientos para manejar eficientemente el capital al que acceden; y la productividad de las empresas es baja y limita el crecimiento que el país podría tener.