Durante décadas, tanto los gobiernos nacionales como locales se han centrado en transformar la oferta de sus servicios ciudadanos de formatos tradicionales, presenciales y análogos hacia nuevos procedimientos digitales. Recientemente, la crisis global causada por el COVID-19 hizo evidente la complejidad y el alcance de algunos de los retos a los que nos enfrentamos y aceleró el ritmo de esta transición digital. Desde los riesgos para la salud pública y las desigualdades hasta el cambio climático y la brecha digital, estas circunstancias exigen que las administraciones públicas sean más receptivas y eficientes. Enfrentar estos retos requiere de una transformación integral de las operaciones del sector público que vaya más allá de la mera digitalización de prácticas gubernamentales existentes. Por el contrario, los gobiernos deben mejorar sus sistemas, incorporar enfoques centrados en el usuario a los servicios públicos, fomentar el diseño de políticas basadas en datos y aprovechar los datos y la tecnología para aumentar el poder del gobierno. Para lograrlo, necesitan un nuevo modelo de prestación de servicios que sea aplicable a todos los sectores de la administración, que les ayude a identificar y adoptar nuevas tecnologías y que permita soluciones colaborativas.