El caso argentino presenta particularidades que sugieren y motivan una estrategia de análisis y evaluación de la tarifa social en los sectores de infraestructura. Por un lado, la ausencia de mecanismos de tarifa social (en el contexto de un congelamiento generalizado de tarifas residenciales que lleva seis años) en sectores de infraestructura importantes y en especial en la región metropolitana de Buenos Aires. Por el otro, una proliferación de diversos mecanismos en el sector eléctrico que aparecen en diversas provincias (que sí aumentaron las tarifas), en el marco de un federalismo regulatorio en ese sector. Con estos antecedentes se evalúa el desempeño de los mecanismos observados en el caso de la provisión de energía eléctrica en las provincias. Los resultados sugieren que las provincias que han usado criterios selectivos de niveles de vida y acotado los subsidios a umbrales no excluyentes (Es decir no eliminado los mismos si el consumo supera un umbral) parecen haber logrado un buen desempeño.