Este documento explora tres grandes áreas de política pública que dejó la crisis del COVID-19 en materia de transformación digital de los gobiernos. Un primer campo de acción corresponde al reconocimiento y aprovechamiento del valor de los datos, puesto que son un insumo necesario para tomar decisiones sobre las políticas públicas y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Un segundo ámbito está en el uso de la inteligencia artificial para aplicaciones de política pública en general y para políticas de control de la corrupción en particular. Finalmente se abordan algunos peligros del uso de los datos y la inteligencia artificial que requieren especial atención, lo que implica administrarlos bajo principios éticos que puedan ser incorporados, para comenzar, en la compra pública de servicios basados en esta tecnología disruptiva. El documento cierra con algunas recomendaciones para impulsar y adoptar exitosamente innovaciones digitales como herramientas de política pública.