La crisis del COVID-19 mostró que los datos tienen un valor social derivado de su reutilización para formular políticas basadas en evidencia, así como para poner en marcha iniciativas de inteligencia artificial que resuelven problemas públicos y automatizan procesos dentro del funcionamiento del Estado. Sin embargo, este potencial puede entrar en conflicto con ciertos derechos fundamentales como la privacidad de los datos o con principios de buen gobierno como la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Esto exige un uso transparente e íntegro de las tecnologías basadas en inteligencia artificial para el sector público, en una necesaria contraposición frente a las tendencias actuales de la economía digital, enfocada en publicidad dirigida y en la monetización de los datos.