El documento analiza la creciente crisis de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en América Latina y el Caribe (ALC), una situación agravada por la pandemia de COVID-19, conflictos, el cambio climático, el bajo crecimiento económico y una alta inflación de alimentos que alcanzó el 23,5% en 2021. Esta combinación de factores puso a 248 millones de personas (37,4% de la población) en inseguridad alimentaria en 2022, afectando de manera desproporcionada a las áreas rurales, donde la pobreza extrema es el doble del promedio regional. Además, el costo de una dieta saludable en ALC supera el promedio global, dificultando su asequibilidad. Para lograr erradicar el hambre para 2030, el informe estima que ALC requiere una inversión anual adicional de USD 8.000 millones , la cual debe distribuirse en un portafolio de intervenciones costo-efectivas a través de cuatro dimensiones clave: sistemas alimentarios, resiliencia climática, protección social e infraestructura rural. Se recomienda priorizar la inversión en infraestructura rural y agricultura (USD 6.000 millones) enfocándose en la agricultura familiar, ya que es tres veces más efectiva para reducir la pobreza, genera hasta el 77% del empleo agrícola y es esencial para garantizar el acceso universal y sostenible a los alimentos.