Los sistemas de educación de América Latina se caracterizan por su heterogeneidad en cuanto a tamaño y organización. La dimensión y estructura suelen guardar relación con la extensión territorial y el volumen poblacional que deben atender. Sin embargo, más allá de la escala y el nivel de fragmentación, el tipo de procesos que demanda la administración pública del sistema es similar. Estos procesos pueden dividirse en dos grandes grupos: aquellos que están asentados como parte del funcionamiento, altamente estandarizados y que implican tareas repetitivas, plausibles de ser automatizadas; y aquellos que, por su contingencia y singularidad, no pueden preverse y requieren cada vez de una decisión necesariamente humana. De los años noventa a la fecha, distintos gobiernos de la región han ido asumiendo la tecnología digital como una herramienta útil para la agilización de los procesos más rutinarios, pero también este proceso ha mostrado los desafíos asociados a la transformación digital. En paralelo, viene cobrando fuerza la idea de que los diseños de política pública deben estar basados en datos para lograr una mayor asertividad en la atención de los problemas que se proponen resolver.