Las intervenciones en derechos de propiedad sobre los terrenos aumentan la inversión, la productividad agrícola y los ingresos de los agricultores en América Latina y Asia, pero tienen efectos más débiles en África. Aun así, también pueden producirse resultados sociales negativos, como el desplazamiento de las personas en situación de pobreza y la reducción del acceso de las mujeres a terrenos.